MEDIATECA

Es una de las conclusiones del segundo día de jornada del I Congreso Nacional sobre Políticas Públicas de Discapacidad

Este encuentro ha sido organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y CERMI Comunidad Valenciana

 

València, 24-11-2022.- Distintos actores del sector de la discapacidad de la Comunidad Valenciana han manifestado que “el mantenimiento de las políticas activas de empleo y accesibilidad es una de las cuestiones pendientes para dicho territorio”, matizando que “se ha mejorado mucho”, pero que se sigue sin priorizar la discapacidad como el problema social que es.

Esta ha sido una de las conclusiones que se han subrayado durante el segundo día de la jornada del I Congreso Nacional sobre Políticas Públicas de Discapacidad, organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y CERMI CV, en colaboración con la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana, en el Museo Arqueológico de Alicante MARQ.

El conversatorio, moderado por vicepresidenta del CERMI CV, Marían Ferrús Pérez, ha contado con la participación de Laura Soler Azorín, Diputada en Les Corts Valencianes; Enrique Llin; secretario general del CERMI CV, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la CV; la vicepresidenta de COCEMFE, Fide Mirón; y Elena Albert Romero, directora general de Diversidad Funcional y Salud Mental de la GVA.

Los ponentes han debatido sobre “la perspectiva territorial. Políticas públicas de discapacidad en la comunidad valenciana” y han especificado que la problemática de la discapacidad “es transversal”. Del mismo modo, han resumido los principales logros de políticas de discapacidad en las Cortes Valencianas que están ayudando a paliar los problemas.

Asimismo, los expertos han coincidido en que el desarrollo de políticas inclusivas debe estar dirigidas a la autodeterminación de las personas para que tengan una vida independiente incluso “si estás en un ámbito institucionalizado”. Igualmente, han indicado que la evolución de las políticas públicas ha supuesto un cambio cultural y social, un cambio “indiscutible e irreversible”.

Los participantes consideran que, es el momento de bajar a lo local ya que “las políticas más cercanas son “las que inciden de forma directa en la vida de las personas con discapacidad”.

En este contexto, Elena Albert ha aseverado que, en cuanto al desarrollo de políticas públicas de discapacidad, “se ha avanzado mucho, sin embargo, hay que cambiar el paradigma, dejar de hablar de dependencia y comenzar a hablar de autonomía”, lo que implica, según Albert, que “hay que seguir trabajando de manera transversal para que las personas con discapacidad estemos incluidas en todos los ámbitos de la sociedad”.

Por su lado, Enrique Llin, ha declarado que “la emancipación de las personas con discapacidad supone una educación inclusiva, unas políticas de empleo útiles y un trabajo serio en materia de accesibilidad”. Y es que, tal y como ha afirmado Fide Mirón, en la comunidad valenciana “hemos tenido participación en la ejecución de políticas públicas, aunque a veces tenemos la sensación de que no se llegan a ejecutar correctamente”.

Además, Llin ha reforzado la idea indicando que “el gobierno valenciano no acaba de convencerse de que solo con las políticas públicas que este puede hacer, se resuelven los problemas de las personas con discapacidad”. A esto, Llin ha añadido que el movimiento de la discapacidad es “el complemento para llegar a donde las administraciones no pueden sin pretender suplantar a nadie sino complementar y ayudar. Si esto se entiende es probable que no podamos contar con una financiación”.

Para finalizar, y a modo de conclusión, los ponentes han expuesto aquello que queda por hacer: la mejora en los tiempos en la valoración de la discapacidad, la necesidad de una educación reforzada, el impulso a la atención temprana, a la “formación de los formadores”, retos laborales y habitacionales, etc. En este sentido, Llin ha señalado como reto principal la accesibilidad; puerta de todos los derechos que debemos enfrentar. La financiación de las entidades, mesa de diálogo o una gestión interna más rápida, de calidad y segura, han sido otros de los desafíos que se han puesto sobre la mesa.

Además, todos han identificado el empleo como la clave para lograr una verdadera inserción social porque, como señala Soler, “sino hay empleo no desarrollamos recursos económicos para desenvolvernos como queramos”.

Para finalizar, se han presentado cuatro comunicaciones. La primera, ha dado a conocer un proyecto de creación de una bandera que represente a la discapacidad y el proyecto de becas VIVES, una iniciativa equivalente al Erasmus para que las personas con discapacidad puedan tener la experiencia de intercambio con sus equivalentes en otros países.

“Proyecto de participación de la asociación de hemofilia de la comunidad valenciana”, “Justicia terapéutica y discapacidad adaptaciones de ajustes de procedimientos para el acceso a la justicia”, “Apuesta de la ciudad de valencia por los derechos de las personas con discapacidad”, son los títulos de algunas de las comunicaciones presentadas durante este segundo día de jornada del Congreso.

Desarrollo del segundo día de jornadas

Además, a lo largo de la segunda jornada del Congreso han tenido lugar ponencias como la del doctor en derecho, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche y Patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, Antonio-Luis Martínez-Pujalte López centrada en la alineación de las políticas públicas de discapacidad con los mandatos de derechos humanos y la condicionalidad de la Convención de la ONU de 2006.

Durante su ponencia, Martínez-Pujalte ha puesto ejemplos de asignaturas pendientes como, por ejemplo, la relacionada con el internamiento involuntario de las personas con discapacidad psicosocial, la falta de tutela al derecho de la educación inclusiva, la segregación forzosa en centros de educación especial.

“En España sigue siendo violado el derecho a la capacidad jurídica” ha denunciado y ha añadido que “tenemos una ley bastante buena, sin embargo, su aplicación judicial está siendo extremadamente deficiente. La ley se ha convertido en un papel mojado y los poderes públicos tienen que hacer algo”.

Además, ha señalado que estas políticas públicas deben ir orientadas a la plena realización de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, asimismo, deben procurar que los organismos públicos eliminen barreras impuestas por la sociedad y que dificultan la inclusión de este sector de la población. En este sentido, ha explorado los tres niveles de obligaciones que tienen los Estados para cumplir dicho cometido. Estos son: proteger, promover y hacer efectivos los derechos.

Para finalizar, ha explicado que cumplir los mandatos de los derechos humanos significa, entre otros puntos, poner en valor las resoluciones de los comités de derechos humanos, así como la obligación de los poderes públicos de velar por su cumplimiento.

Por su parte, la fiscal de sala coordinadora de los servicios especializados de atención a personas con discapacidad y mayores, María José Segarra Crespo ha analizado el ministerio Fiscal y sus funciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad y su repercusión en el control de las políticas públicas.

Durante su intervención María José Segarra ha explicado el papel del ministerio fiscal en el control directo de las políticas públicas. En ese sentido, ha definido la fiscalía como “un instrumento de avance, supervisión y defensa de los derechos fundamentales de las personas, pero especialmente de las personas con discapacidad”. Aunque, ha matizado que las intervenciones del ministerio fiscal “son muy residuales porque no existe un control directo”. En aquello que sí puede intervenir el ministerio fiscal es a la hora de transmitir lagunas normativas, señalar prácticas que pueden no acomodarse a derechos fundamentales, etc. “Seguiremos siendo aliados vuestros en los cambios” ha confesado

Además, durante el segundo día del Congreso ha tenido lugar un conversatorio sobre el diálogo civil como palanca de las políticas públicas de discapacidad, moderado por Amalia Diéguez Ramírez, miembro de CERMI CV y patrona de CERMI Mujeres. En este conversatorio han intervenido, Daniel Aníbal García Diego de COCEMFE; Jaime Alejandre Martínez, Exdirector general de Coordinación de políticas sectoriales de discapacidad del Gobierno de España; María Luz Sanz Escudero, presidenta del CERMI Navarra (CERMIN); Mariano Casado Sierra, presidente de Plena Inclusión Madrid; y Carolina Galiana Sanchís, presidenta de FESORD CV.

Todos los ponentes han coincidido en la importancia de contar con elementos facilitadores del diálogo como bases jurídicas sólidas que apoyen las reivindicaciones, procurar que el dialogo esté en la agenda política de forma permanente, generar espacios de confianza y transparencia, entre otros. Además, han destacado que en todos los territorios debe existir un diálogo civil y, para ello, han puesto el foco en la necesidad de fortalecer a las autonomías desde el ámbito estatal para que el diálogo a nivel local tenga el impacto y la relevancia necesaria. “Tenemos que ser una sociedad civil activa y comprometida”, han concluido.