MEDIATECA

• Cada vez se financian más proyectos con menos cuantía, lo que impide desarrollar programas completos y atender a las personas con discapacidad física y orgánica que más lo necesitan y defender sus derechos

• La caída acumulada de la financiación de proyectos de COCEMFE y sus entidades procedentes del tramo estatal del 0,7 desde 2021 supera el 40%, y solo se ha concedido el 26,22% del importe solicitado para 2026

• COCEMFE advierte de que si no se implanta un modelo estable de financiación se produciría la desatención de las personas con discapacidad física y orgánica más vulnerables y discapacidades de baja prevalencia

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y sus entidades estatales denuncian que el sistema actual de subvenciones del tramo estatal del 0,7 está dificultando gravemente la atención y el acceso a derechos de las personas con discapacidad física y orgánica en todo el país. Así lo han expuesto tras la reunión celebrada este martes por el Órgano de Representantes de Entidades Estatales (OREE) de COCEMFE, donde se analizó la resolución provisional de la convocatoria del tramo estatal del 0,7 para 2026.

A dicha convocatoria se presenta COCEMFE junto con 26 entidades de ámbito estatal para realizar proyectos para la defensa de derechos y apoyo a personas con enfermedades como ELA (esclerosis lateral amiotrófica), personas trasplantadas, con esclerosis múltiple, niños y niñas con prótesis, personas con párkinson, fibrosis quística, espina bífida, lupus, acondroplasia, osteogénesis imperfecta, hemofilia, etc. 

A pesar de que se han concedido 90 proyectos —21 más que el año anterior— la financiación para su ejecución se ha reducido un año más, y sobre todo ha caído la financiación media por cada proyecto. Según la resolución provisional, solo se ha cubierto el 26,22% del importe solicitado por COCEMFE y sus entidades estatales, y la caída acumulada desde 2021 alcanza ya el 40,44%. Este modelo, basado en la atomización de los fondos, impide desarrollar programas completos, sostenidos y con impacto decisivo en la vida de las personas.

“La dispersión de las subvenciones está laminando a nuestras entidades. Nos vemos en la obligación de fraccionar los proyectos, multiplicar la carga burocrática y desatender a muchas personas cuyas necesidades no cubren ni el Estado ni las comunidades autónomas”, denuncia el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga. “Esto no va de estructuras, sino de derechos que están siendo vulnerados y de personas vulnerables que no están recibiendo los apoyos que necesitan”.

Esta situación golpea especialmente a las organizaciones que representan a personas con discapacidades físicas y orgánicas de baja prevalencia o con escasa implantación territorial, la cual si no se revierte podría provocar su desaparición. “Las entidades no somos subsidiarias del Estado, pero desarrollamos esta labor porque es imprescindible. Sin nuestro trabajo, muchas personas quedarían completamente desatendidas”, señala Queiruga.

Además, el sistema impone requisitos técnicos y administrativos de difícil cumplimiento sin proporcionar recursos para asumirlos, lo que obliga a desviar esfuerzos de la atención directa. “El esfuerzo que supone acceder, ejecutar y justificar estas subvenciones recae totalmente sobre las organizaciones. Esa carga nos aleja de nuestro propósito: acompañar, apoyar y garantizar que nadie se quede fuera”, afirma.

En 2024, COCEMFE y sus organizaciones estatales atendieron a 1.383.473 personas. “Esta cifra refleja el alcance real de una red que, año tras año, suple las carencias del sistema público. Si no se corrige el rumbo, muchas de estas personas se quedarán sin apoyo”, advierte el presidente.

“La nueva redacción del artículo 49 de la Constitución Española reconoce los derechos de este grupo social y la labor de sus organizaciones representativas, pero todo corre el riesgo de quedar en papel mojado si no se acompaña de políticas, medidas y financiación que garanticen su cumplimiento”.  

Por ello, COCEMFE y su Movimiento Asociativo exigen un cambio urgente del modelo de financiación para garantizar los derechos de más de 2,6 millones de personas con discapacidad física y orgánica en España.