MEDIATECA

Diversas organizaciones empresariales y sindicales del sector de distribucion de carburante y asociaciones del ambito de la discapacidad y de consumidores han reclamado hoy en Valencia la regulacion del funcionamiento de las gasolineras sin personal (o desatendidas), una nueva forma de negocio que se caracteriza por no disponer de empleados que atiendan al publico y que se esta extendiendo a lo largo de la Comunitat Valenciana en los ultimos meses, como consecuencia de la Ley 11/2013.

De este modo, han preparado una campana de comunicacion conjunta, con el objetivo de informar a la sociedad de los riesgos y perjuicios que entranan este tipo de instalaciones, como perdida de puestos de trabajo, discriminacion hacia las personas con discapacidad, perdida de derechos del consumidor, y, como consecuencia, una competencia desleal. A tal fin, las organizaciones sindicales han elaborado unos videos en los que se trata de dejar patentes peligros eventuales como el riesgo de incendio, la necesidad de una atencion igualitaria a los clientes, el potencial dano al medio ambiente o la perdida de empleo, sin olvidar la imposibilidad para el consumidor de algo tan elemental como reclamar, corregir o recuperar su dinero ante un servicio defectuoso en el momento del repostaje.

Desde COCEMFE CV, observan que esta situacion ya ha sido regulada en otras comunidades autonomas como Andalucia, Castilla La Mancha, Asturias, Navarra, y mas recientemente en Aragon, con normativas que recogen las circunstancias de las personas con la movilidad reducida. Carlos Laguna, presidente de COCEMFE CV, ha hecho hincapie en la necesidad de salvaguardar los intereses de las personas con discapacidad y sus derechos como consumidores: Queremos expresar una radical oposicion al uso exclusivo de estos nuevos sistemas, puesto que consideramos que no se puede anteponer unicamente los intereses economicos a las necesidades y derechos de las personas.

Juan Jose Sanchez, presidente de la Federacion Mediterranea de Estaciones de Servicio, ha insistido en que estas gasolineras desatendidas incumplen una serie de obligaciones legales que implican una competencia desleal hacia el resto de estaciones, y ha destacado que el carburante es un producto peligroso y contaminante, por lo que se requiere un control y unas medidas de seguridad para el consumidor y el medio ambiente. No estamos en contra de una politica de bajo precio mientras este basada en los mismos principios. Lo que no es aceptable es que, aprovechando la inexistencia de empleados y la no aplicacion de costes de inversion en seguridad, se aproveche para repercutir en el precio ese ahorro. Bajo precio si pero compitiendo con lealtad y en igualdad de condiciones, ha anadido.

Por su parte, desde los sindicatos CCOO y FITAG-UGT, sus respectivos secretarios generales, Javier Galarza y Ramon Morales, han senalado que abaratar el coste del carburante por la via de eliminar el coste laboral es algo que perjudica a todos los ciudadanos, en especial, en un contexto de grave desempleo como el actual.