MEDIATECA

El movimiento social de la discapacidad en Comunidad Valenciana representado por el Comite Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Comunidad Valenciana (CERMI CV ) insta a todas las Administraciones publicas para que dentro del ambito de sus competencias actuen con contundencia contra los entramados de juego ilegal que usan como coartada social la imagen de personas con discapacidad, pero que en realidad suponen un fraude a los consumidores y danan de modo irreparable las actividades de juego genuinamente social como el de la ONCE.

El CERMI CV denuncia la tolerancia culpable de los poderes publicos -estatal y territoriales- con la lacra del juego ilegal que viene actuando durante decadas al margen del ordenamiento juridico sin que sus promotores sean perseguidos y sus actividades clausuradas y desmanteladas de raiz.

Ante esta generalizada inactividad de las Administraciones, el CERMI CV recuerda el deber inexcusable de todas las autoridades publicas de hacer cumplir la legalidad, lo que significa actuar penal, gubernativa y administrativamente contra las redes de juego ilegal que usan a las personas con discapacidad como pantalla pretendidamente social pero que solo sirven a intereses particulares inconfesables.

En especial, el movimiento organizado de la discapacidad emplaza a las Administraciones a clausurar y desmantelar a la denominada Organizacion Impulsora del Discapacitado (OID), el principal entramado de juego ilegal en Espana, sobre el que pesan multitud de sentencias, resoluciones administrativas y expedientes sancionadoras declarando su absoluta ilegalidad y que no obstante sigue operando a sus anchas, ante la pasividad de los poderes publicos competentes.

Para acabar con esta inaccion, el CERMI CV se adhiere y respalda las movilizaciones del sindicato mayoritario de la ONCE, UTO-UGT, que ha puesto en marcha la campana El juego ilegal NO es un juego, que se desarrollara en todas las comunidades autonomas con marchas, concentraciones y actos de denuncia exigiendo la actuacion urgente y contundente de las Administraciones.

Tolerar el mantenimiento y expansion como hasta ahora del juego ilegal no es solo una burla hiriente del Estado de Derecho y un quebranto de los intereses de los consumidores, sino que supone un dano irreparable al sector de la discapacidad al socavar el espacio social y econoico de la ONCE, el primer sostenedor privado de este movimiento social.