El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que regula la aplicación del Bono social de electricidad para los consumidores vulnerables.
El Bono social de de electricidad es un descuento en la factura eléctrica al que pueden acogerse los consumidores domésticos según su nivel de renta y determinadas circunstancias personales.
Con el nuevo Real Decreto estos descuentos se aplicarán en función de la renta y no por los parámetros que se habían venido usando, como tener contratada poca potencia, percibir una pensión mínima y estar todos los miembros de la unidad familiar desempleados.
El real decreto establece tres categorías de consumidores considerados vulnerables y fija los umbrales de renta para los diferentes descuentos en la factura de la luz. Una de estas categorías es la de personas con discapacidad.
Descuentos del 40% para consumidores «vulnerables severos»
En este caso el umbral se incrementa. Los consumidores considerados “vulnerables severos” tendrán un descuento del 40% y su renta familiar deberá ser inferior a la mitad de la de los umbrales establecidos para los vulnerables.
Se cumple una demanda histórica de los colectivos de personas con discapacidad que, en muchas ocasiones, consumen más energía por el uso de productos de apoyo eléctricos que disparan el consumo.
Una demanda que viene de lejos
Las entidades de personas con discapacidad, entre ellas COCEMFE, vienen reclamando la inclusión de las unidades de convivencia en las que existan personas con discapacidad entre las beneficiarias del bono social eléctrico.
En opinión del CERMI, la exclusión de este bono, que abarata el coste del suministro de electricidad a determinados grupos por motivos sociales, no está justificada, pues se trata de un segmento “particularmente vulnerable” en términos económicos, al tener menos capacidad de renta y sufrir un sobrecoste en la adquisición de productos y servicios básicos por razón de discapacidad.
Muchas personas con discapacidad se ven obligadas a consumir más intensamente electricidad que otros usuarios pues utilizan asiduamente aparatos y productos de apoyo eléctricos (sillas de ruedas, etc.), que disparan el consumo medio de cualquier persona o familia.
Los niveles del IPREM exigidos aumentan en 0,5 puntos para personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
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