MEDIATECA

Las subvenciones van dirigidas a prestaciones individuales y alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, entre otras

El Pleno del Consell ha aprobado un decreto por el cual se regula la concesión directa de subvenciones a las entidades locales de la Comunitat Valenciana titulares de los Servicios Sociales de Atención Primaria, en el marco de las medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.

Mediante este decreto, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas destina 11’5 millones de euros en concesiones directas, de carácter excepcional y singularizado, a 231 municipios de la Comunitat Valenciana, teniendo como finalidad la protección de todas aquellas personas afectadas directa o indirectamente por la COVID-19.

Se subvencionan, por un lado, créditos destinados a garantizar prestaciones básicas de servicios sociales, como los servicios de proximidad de carácter domiciliario, los dispositivos de atención a personas sin hogar, adquirir medios de prevención o las prestaciones económicas individualizadas.

Por otro lado, se subvencionan los créditos destinados a garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, es decir, las prestaciones económicas individualizadas de infancia.

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)

Por conceptos la distribución de los créditos ha sido de 7 millones de euros para PEI’s; 1.500.000 euros para el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), 741.520 euros para barrios inclusivos, y 2.312.250 euros para PEI’s de infancia.

La dotación global de estas subvenciones asciende a la cantidad de 11.553.770 euros, procedentes de sendos acuerdos del Consejo de Ministros de fecha 24 de marzo de 2020.

Mediante estos acuerdos se formaliza la distribución de los créditos por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la financiación de ayudas destinadas a garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos y las prestaciones básicas de servicios sociales, respectivamente.

Los acuerdos se formalizan según lo previsto en el Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo y en el Real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, por los cuales se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para responder al impacto económico y social de la COVID-19.