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El Gobierno ha asegurado que retomará la tramitación de la reforma del artículo 49 de la Constitución, relativo a las personas con discapacidad, una vez termine de analizar las aportaciones del Consejo de Estado plasmadas en un dictamen emitido el pasado año.
Así se desprende de la respuesta que el Ejecutivo ha realizado a una pregunta escrita sobre la situación de esta reforma constitucional, efectuada por las diputadas del Grupo Parlamentario Popular Sandra Moneo y María del Carmen González.
El Ejecutivo recuerda que el Consejo de Ministros tomó conocimiento en diciembre de 2018 del anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española para adaptarlo a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006.
El Gobierno impulsó esta modificación constitucional haciéndose eco de la propuesta planteada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
El Ejecutivo señala que la modificación reformula por completo el artículo 49, tanto en el fondo, como en la terminología que se emplea para referirse a las personas con discapacidad, garantizando la “dignidad inherente” de esta parte de la ciudadanía, a la que todavía el texto constitucional se refiere como ‘disminuidos’.
Énfasis en los derechos y deberes
Con este anteproyecto, explica el Gobierno, se acomete una “modificación del contenido del artículo para adaptarlo a las concepciones actuales sobre la protección de las personas con discapacidad, que ya no se basan en la concepción médico-rehabilitadora que subyace en su redacción original, sino que se pone el énfasis sobre los derechos y deberes de los que son titulares las personas con discapacidad, como ciudadanos libres e iguales”.
“Además, se fijan los objetivos que deben orientar la acción positiva de los poderes públicos, se incluye la participación de sus organizaciones representativas en la elaboración de estas políticas y se alude expresamente a la atención específica de las mujeres y niñas con discapacidad, dada su situación de especial vulnerabilidad”, agrega el Ejecutivo.
Por último, incluye la alusión a la “protección reforzada” de este grupo social y se hace mención expresa a los tratados internacionales de derechos humanos que amparan los derechos de las personas con discapacidad.
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