MEDIATECA

Así lo ha manifestado el doctor en derecho y profesor titular de la UNED, y también secretario general del Consejo General de la ONCE, Rafael de Lorenzo García durante la celebración del segundo día de jornada del I Congreso Nacional sobre Políticas Públicas de Discapacidad

 

València, 24-11-2022.- El doctor en derecho y profesor titular de la UNED, y también secretario general del Consejo General de la ONCE, Rafael de Lorenzo García ha manifestado que las políticas públicas de discapacidad “deben estar empujadas por las fuerzas de la unidad del sector de las personas con discapacidad”. Al tiempo que ha pedido “mecanismos de participación para la vigilancia, seguimiento y evaluación y poder comprobar si de verdad estas políticas públicas de discapacidad llegan a los destinatarios y en qué medida cuantitativa y cualitativa lo hacen”.

Así lo ha expuesto durante su ponencia “el marco normativo de la discapacidad como factor de prescripción de las políticas públicas” impartida el segundo día del I Congreso Nacional sobre Políticas Públicas de Discapacidad celebrado en Alicante. Un encuentro organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y CERMI Comunidad Valenciana y que tiene como objetivo sentar las bases de unas políticas públicas de discapacidad basadas en derechos y dirigidas a la inclusión.

Durante su ponencia, Rafael Lorenzo, en primer lugar, ha definido el concepto de política pública y ha enumerado los elementos fundamentales que debería recoger. Entre ellas, ha destacado su carácter estructurado y ordenado, así como su carácter transformador con impacto social relevante. “No puede ser una política neutral, tiene que haber un fundamento normativo y no se puede proyectar en el vacío”. Además, ha señalado que “deben ser políticas públicas sostenibles que se proyecten en el medio y largo plazo y que no sean acciones esporádicas”.

También, Lorenzo ha indicado como fundamental la aplicación de los principios de la participación, la cogobernanza y el diálogo social, matizando que el proceso de elaboración de políticas públicas tiene que ser un proceso vivo y dinámico y tiene que darse en todas sus fases: diseño, planificación, ejecución y evaluación. En este sentido, el secretario general del Consejo General de la ONCE ha puesto especial énfasis en este último punto, porque, según señala, la evaluación es fundamental “para saber cuál ha sido la realidad práctica de esa política”.

Después, Lorenzo ha analizado los requerimientos del marco normativo de las políticas públicas sobre la discapacidad en España. En este sentido, ha hecho alusión a la Constitución y a la necesidad de cambiar la terminología: “esto de disminuidos es un término extraño en el derecho español” que debe cambiarse porque, a juicio de Lorenzo, “el espíritu impregna y condiciona el resto del ordenamiento jurídico”.

Para concluir, el doctor en derecho y profesor titular de la UNED ha afirmado que, efectivamente, las políticas públicas en España se ajustan a la Convención y a la ley, pero “hay que seguir evolucionando”. Asimismo, ha detectado que hace falta un mayor conocimiento de fondo de los problemas de las políticas públicas de discapacidad. “Existe una forma de aproximarse al conocimiento claramente desigual, insuficiente y con poca y mala información” ha aseverado.

Comunicaciones presentadas

El segundo día de la jornada del I Congreso Nacional sobre Políticas Públicas de Discapacidad ha arrancado con la presentación de comunicaciones aceptadas, entre ellas, un programa de turismo accesible de Alicante, que para su análisis ha contado con la participación de otros agentes sociales, se ha marcado objetivos realizables y ha detectado posibles mejoras como las relacionadas con la falta de información.

La segunda comunicación ha sido presentada bajo el título “Modelo social del deporte y las políticas de inclusión: una palanca de integración y de profesionalización del movimiento paralímpico”. Entre las conclusiones, se ha subrayado la necesidad de seguir utilizando políticas públicas que ahonden en el marco de esas líneas estratégicas de accesibilidad en las instalaciones deportivas, mayoritariamente en las administraciones locales que son las que se encargan de gestionarlas. “Creo que nuestro modelo social del deporte debe ser conservado precisamente porque permite no dejar a nadie atrás y sitúa a la práctica deportiva como una herramienta para la integración social” ha expresado el autor de esta comunicación.

Ponencias del segundo día de jornadas

Tras esta presentación, ha tenido lugar la ponencia impartida por el responsable Jurídico del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, del ayuntamiento de Barcelona, Antonio Galiano. Bajo el título “Las políticas públicas de discapacidad en la dimensión local” se ha determinado que las administraciones tienen una agenda territorial marcada por los derechos y políticas de proximidad. “No tenemos excusas normativas para no hacer políticas de proximidad. Tenemos ámbito competencial y mecanismos para acometerlo” ha afirmado.

Al hilo de este argumento, Galiano ha marcado como reto llevar a cabo un plan de accesibilidad como buque insignia que permita a los municipios desarrollar todo el ejercicio de los derechos y llegar a toda la ciudadanía para que los servicios en áreas locales puedan ser “vividos y disfrutados por todos ellos”.

Asimismo, ha mencionado algunos objetivos compartidos como el desarrollo del comercio accesible, el derecho al juego y hacer las áreas de juego infantil accesibles e inclusivas, servicios públicos de transporte especial, inclusión laboral, el banco del movimiento, huertos en la azotea, deporte inclusivo, servicio de apoyo al baño para personas con movilidad reducida, entre otros.

Para finalizar su ponencia, ha enumerado una serie de retos en la dimensión social como, por ejemplo, coordinación y cooperación entre administración, dialogo civil, concertación de proveedores de servicios sociales, trabajar en red, empoderar al sector social territorial, etc.

Para finalizar, el catedrático de Economía Aplicada Universidad de Barcelona, Jorge Calero Martínez, ha analizado la base económica para las políticas de discapacidad: inversión pública en discapacidad en España.

Calero ha identificado los componentes del gasto público y ha realizado una comparación entre el gasto en discapacidad en España y otros países de la Unión Europea con el fin de hacer una valoración general de la situación que las personas con discapacidad viven actualmente desde el punto de vista económico. De esta forma, ha indicado que “España tiene un nivel de gasto público en discapacidad más reducido que la media de la Unión Europea” tanto en término presupuestario por el PIB y en gasto por habitante.

Además, ha señalado que apenas se aprecia la evolución del gasto en los últimos 15 años, mientras que, en el caso de la UE, “el gasto crece de manera sostenida”. Por otro lado, ha subrayado que el gasto en España está volcado en transferencias en efectivo a diferencia de la media europea en donde el gasto se ve reflejado en servicios. En particular, ha llamado la atención sobre el reducido gasto de asistencia domiciliaria que se brinda en España, cuando, por el contrario, en la mayoría de los países europeos es una tendencia que se repite.