MEDIATECA

• La ONG destaca el registro de personas con movilidad reducida y la mejora de ascensores como avances clave para proteger al colectivo en situaciones de riesgo
• La entidad de utilidad pública aboga por la formación a técnicos de la administración pública más allá del personal de emergencias

La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana, COCEMFE CV, considera necesarias las medidas dirigidas a salvaguardar a las personas con discapacidad incluidas en el Pla Endavant, el plan de recuperación económica y social impulsado por la Generalitat Valenciana, y cifrado en 29.000 millones de euros, como respuesta a la dana que afectó a la provincia de València el pasado mes de octubre de 2024.

Entre las 339 medidas que se incluyen, la entidad de utilidad pública subraya la creación de un registro voluntario de personas con movilidad reducida (PMR) vinculado al empadronamiento municipal; una iniciativa que COCEMFE CV reclamaba desde días después de la dana y que puso en marcha a través de un formulario de solicitud de ayuda en colaboración con COCEMFE València con la finalidad de localizar a las personas con discapacidad afectadas, centralizar recursos y dar respuesta a sus necesidades. Ahora, este registro, pendiente de una modificación del artículo 57,2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, permitiría contar con un sistema de identificación con el que priorizar evacuaciones, realojos o intervenciones en situaciones de riesgo y mejorar la coordinación entre ayuntamientos, servicios sociales y protección civil.

Asimismo, la Confederación destaca el conjunto de medidas orientadas a garantizar la accesibilidad vertical mediante la protección y modernización de ascensores, un elemento clave para la autonomía personal que, ocho meses después de la dana, sigue abocando a muchas personas con movilidad reducida al aislamiento domiciliario, dado que muchas de sus averías no se han resuelto. De esta manera, el plan prevé la instalación de baterías para mantener su funcionamiento ante cortes eléctricos, así como sistemas automáticos de elevación que eviten el anegamiento en caso de inundación.

Por último, la estrategia contempla la implantación de un sistema digital inteligente de seguimiento a pacientes crónicos y personas mayores en contextos de emergencia que permitirá una detección temprana de situaciones de riesgo, garantizando la continuidad asistencial sin sustituir el acompañamiento humano ni el criterio clínico profesional.

La entidad reclama un planteamiento transversal

COCEMFE CV celebra que el Pla Endavant haya integrado la perspectiva de la discapacidad y la accesibilidad en su diseño estratégico, pero reclama que estas medidas cuenten con recursos suficientes para garantizar su implantación y asegurar la participación del movimiento asociativo en el proceso.

Para Albert Marín, presidente de COCEMFE CV, durante las semanas posteriores a la dana muchas personas con discapacidad se toparon con barreras a la hora de gestionar ayudas por la imposibilidad de desplazarse a determinados edificios y no poder ser atendidas por teléfono. “No se puede permitir que, ante episodios futuros, las personas con discapacidad vuelvan a relegarse a un segundo plano, siendo que, junto a personas mayores y la infancia, suelen ser de los colectivos que enfrentan mayores dificultades por su especial vulnerabilidad. La respuesta ha de ser inclusiva y adecuada a todos los sectores de la sociedad que se vean afectados”, ha defendido Marín.

Además, la entidad recuerda que la transversalidad de la discapacidad obliga a que, ante situaciones de emergencia, la respuesta no pueda limitarse a medidas en el momento y exija, también, un planteamiento transversal. Por este motivo, desde la entidad de utilidad pública se señala la importancia de desarrollar un programa de formación teórico-práctica sobre emergencias y discapacidad que vaya más allá de la evacuación y abarque tanto la prevención, como la intervención y los momentos posteriores a la emergencia. De la misma manera, estas formaciones deberían dirigirse a técnicos de diferentes áreas de la administración pública, más allá del personal de emergencias.