MEDIATECA

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) valora positivamente la aprobación del anteproyecto de reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado en el Consejo de Ministros del 15 de julio de 2025.

La entidad muestra su satisfacción puesto que el anteproyecto recoge avances significativos trasladados por COCEMFE y el movimiento asociativo aglutinado en torno al CERMI, como la incorporación de la asistencia personal como servicio del catálogo, el aumento de horas de atención, el reconocimiento automático del 33% de discapacidad a personas con grado I de dependencia o las compatibilidades entre el desempeño de empleo y la percepción de prestaciones por dependencia.

A pesar de estos avances, COCEMFE advierte que aún son necesarias mejoras sustanciales para garantizar una aplicación real y efectiva en todo el territorio. “El texto recoge avances, pero sin una financiación adecuada, una concreción clara y mecanismos efectivos de supervisión, las mejoras corren el riesgo de no llegar a quienes más lo necesitan”, afirma Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE. “La equidad territorial y los recursos son indispensables para convertir estos derechos en realidades”, añade.

COCEMFE destaca como positivo que el anteproyecto impulse la asistencia personal y reconozca la necesidad de incrementar la intensidad de atención y la promoción de la autonomía de las personas. Sin embargo, lamenta que el texto no incluya una memoria económica ni mecanismos estatales de supervisión que aseguren la equidad en la aplicación de la ley.

En cuanto a los copagos en materia de autonomía personal, COCEMFE mantiene su propuesta de que sean eliminados o, en el caso de que deba mantenerse, se establezca un límite máximo del 40% al copago, calculado en función de los ingresos individuales, como fórmula para garantizar la equidad y la sostenibilidad para las personas con discapacidad con mayor grado de dependencia.

En materia de discapacidad, incluye novedades como la protección reforzada de los derechos de las personas con discapacidad como exigencia a los poderes públicos, el reconocimiento de la accesibilidad universal como derecho subjetivo o la especial atención hacia las mujeres y los menores con discapacidad. También COCEMFE considera positiva la interconexión de los registros autonómicos de tarjetas de estacionamiento para mejorar el control y prevenir usos indebidos, así como el refuerzo de medidas antidiscriminatorias en seguros, y la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar las obras necesarias en comunidades de vecinos.

La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal supone una mejora significativa respecto a la situación actual para para facilitar la realización de obras de accesibilidad en edificios de viviendas cuando una persona con discapacidad lo solicite, incluso aunque el resto de la comunidad no esté de acuerdo. A pesar de que se mantienen los límites económicos actuales (12 mensualidades ordinarias de los gastos comunes), obliga a las comunidades a solicitar ayudas y subvenciones y se refuerza la obligatoriedad de realizar obras de accesibilidad en edificios si existe financiación pública suficiente (≥70%) o si quien la solicita complementa hasta ese umbral.

Por ello, durante la tramitación parlamentaria, COCEMFE presentará a los grupos políticos propuestas de mejora para que la futura ley garantice:

• Una financiación suficiente y vinculante para el despliegue de los derechos.
• Supervisión estatal que evite desigualdades entre comunidades autónomas.
• Impulso a la accesibilidad universal, incluidos productos de apoyo permanentes, el acceso a la vivienda y al empleo inclusivo.
• Eliminación de límites económicos a la realización de obras de accesibilidad en edificios de viviendas
• Concreción normativa sobre servicios clave como la asistencia personal.
• Eliminación de copagos desproporcionados y reconocimiento de criterios de renta individuales.
• Reconocimiento de nuevos modelos de vida independiente y apoyos personalizados

“Las personas con discapacidad física y orgánica no pueden seguir esperando. Esta reforma debe ser la herramienta que nos permita ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones”, apunta Queiruga, destacando la necesidad de que dicha norma “sea mejorada y aprobada con el mayor apoyo y consenso posible”.