Alicante, 21-11-2017.- En este Congreso entre otros temas, se ha debatido ampliamente sobre todo lo relacionado con la Convención de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, poniendo especial énfasis en la vulneración continuada de derechos como sucede con las mujeres que se incapacitan para su posterior esterilización, el derecho al sufragio universal que no se da entre las personas con discapacidad por diversos motivos, todos los problemas generados en torno a las incapacidades, la accesibilidad, etc.
La Ley de Dependencia ha ocupado también un importante espacio, una ley que geenra muchos derechos subjetivos pero que después son incumplidos de forma sistemática por las administraciones. Además se ha debatido sobre la Ley de de Accesibilidad, las dificultades a la hora de la realización de procedimientos administrativos, así como los obstáculos para el acceso a la justicia, especialmente a la hora de reclamar.
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Uno de los puntos calientes en el Congreso de Derecho de la Discapacidad ha sido la situación de indefensión que sufren las personas con discapacidad, a la hora de reclamar los derechos que ya están reconocidos por las leyes.
Cabe destacar la extraordinaria participación del movimiento asociativo, para quienes este Congreso ha despertado un gran interés, planteando gran cantidad de preguntas a los integrantes de las mesas y ponencias.
La inauguración oficial ha corrido a cargo del rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno; el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, y el alcalde de Elche, Carlos González.
Las personas con discapacidad tienen derechos y no favores
En la ponencia inaugural del I Congreso de Derecho de la Discapacidad, el vicepresidente del Tribunal Supremo (TS), Ángel Juanes, ha destacado este miércoles que “las personas con discapacidad tienen derechos, y no favores”, por lo que ha hecho un llamamiento a construir una sociedad más justa, “porque además, una sociedad inclusiva está mucho más preparada para afrontar los retos de futuro que nos esperan”.
El vicepresidente del Supremo ha enumerado muchos de los avances que se han producido en materia legislativa y en el mundo judicial a través de diferentes sentencias en favor de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, aunque ha reconocido que “todavía queda mucho camino por recorrer”.
“Hay que subrayar que nuestra Constitución obliga a promover la libertad y la igualdad de toda la ciudadanía, lo que implica la eliminación de obstáculos y barreras, y recoge el principio de dignidad y no discriminación”, ha apuntado Angel Juanes, que ha recordado además que la Carta Magna define a España como un Estado social y de derecho. Eso sí, ha precisado que esta concepción social del Estado no será completa si no se acompasa con el Estado de Derecho”.
La perspectiva de género en los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad
La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Ana Peláez, ha señalado este miércoles que “es necesario derogar cualquier ley que impida que las mujeres y niñas con discapacidad podamos disfrutar plenamente de nuestros derechos y libertades”.
Ana Peláez ha planteado esta exigencia durante su intervención y ha enumerado las principales situaciones discriminatorias que sufren todavía las mujeres y niñas con discapacidad, como las esterilizaciones forzosas. “Más de 100 mujeres al año se incapacitan legalmente en España, generalmente para perpetrar contra ellas la esterilización, no solamente de su capacidad reproductiva, sino la esterilización de sus derechos civiles y políticos”, ha denunciado.
Mientras, Leonor Lidón, profesora de la Universidad Católica de Valencia y exdelegada del CERMI para la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha hecho un análisis de los principales puntos de este tratado internacional y su importancia en la mejora del ejercicio de derechos para las personas con discapacidad y sus familias.
“La autonomía es la capacidad de tomar decisiones con los apoyos necesarios. Para la Convención, existe discriminación siempre que se da una discriminación en el ejercicio de cualquier derechos”, ha agregado esta experta, que ha lamentado que todavía existan 100.000 personas con discapacidad que por ejemplo no tengan reconocido el derecho al voto.
“Los derechos humanos de las personas con discapacidad en España es algo que todavía no está resuelto”
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ha denunciado este jueves que “los derechos humanos de las personas con discapacidad en España son todavía un dolor agudo y crónico, porque es algo que no está resuelto”.
Durante su ponencia, el presidente del CERMI ha hecho un repaso sobre la incidencia de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ordenamiento jurídico español. De esta forma, ha definido dicho tratado internacional como el “hecho político, social y jurídico más importante para las personas con discapacidad en lo que va de siglo. Necesitamos herramientas que nos sirvan para cambiar el entorno, que históricamente nos ha sido muy hostil”.
Eso sí, ha advertido de que “la Convención se juega sus síes y sus noes en el terreno de los estados, que son los sujetos primordiales en el derecho internacional, y también, aunque en menor medida, en las organizaciones supranacionales como la Unión Europea”, que pese a que ha ratificado la Convención, “está muy lejos” de aprobar algo similar a nivel europeo.
Centrándose en España, el presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad ha enumerado algunos de los ejemplos “más lacerantes y discriminatorios” para las personas con discapacidad que siguen estando vigentes en el Derecho español. Entre ellos, ha subrayado la práctica de esterilizaciones forzosas que sufren principalmente mujeres y niñas con discapacidad; la falta del derecho al voto de casi 100.000 personas con discapacidad; la privación de libertad por razón de enfermedad mental, y la segregación de personas con discapacidad en ámbitos como el educativo por la falta de un único modelo inclusivo.
La institucionalización de personas con discapacidad por falta de apoyos que faciliten su vida en comunidad; la falta de apuesta por la accesibilidad universal, y destinar suficientes recursos públicos con coste económico para la discapacidad son otros aspectos detallados por Pérez Bueno, que ha exigido también que si se reforma la Constitución se eleven a categoría de fundamentales los derechos sociales.
El Código Civil, sin adaptar a la Convención de la ONU
Por otra parte, el congreso ha acogido la mesa ‘La igual capacidad jurídica y los apoyos a la toma de decisiones: una reforma inaplazable’, durante la que Torcuato Recover, asesor jurídico de la Asociación Estatal de Fundaciones Tutelares, ha afirmado que “la inacción de los gobiernos ha permitido que en la mesa del juez haya textos diferentes sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”, ya que el Código Civil “se ha quedado obsoleto” y “no se ha adaptado a la Convención de la ONU”.
En su opinión, la incapacitación supone en muchos casos “la muerte civil de la persona con discapacidad”. En este sentido, ha recordado que la Convención obliga a los países a aprobar leyes que respeten dicho tratado, algo que no sucede cuando al modificar la capacidad legal de una persona se le priva del ejercicio de múltiples derechos.
Apoyos para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad
A este respecto, Almudena Castro-Girona, notaria y presidenta de la Fundación Aequitas, ha destacado la importancia del artículo 12 de la Convención, que recoge que “no se puede sustituir la capacidad jurídica de una persona, sino que debe tener los apoyos necesarios para el ejercicio de sus derechos”. Además, ha lamentado que hayan transcurrido más de diez años desde que se aprobó la Convención y no se haya modificado el Código Civil.
Igualmente, ha criticado que todas las personas con discapacidad que pasan por un proceso de incapacitación ven “como se les trata con un criterio único, pese a que no hay dos personas iguales”. Por ello, ha añadido que el ordenamiento jurídico español está todavía “en las antípodas” de la Convención y ha reclamado que se corrija esta situación cuanto antes, mejorando la formación de los operadores jurídicos y “empezando por cambiar el nombre, dejando de hablar de términos como incapacitación, para referirnos al derecho a la provisión de apoyos, evitando judicializar la vida de las personas”.
El ‘I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad’ ha sido organizado por el CERMI, la Fundación Derecho y Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad. Cuenta además con el patrocinio de Garrigues, Conselleria de Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Elche, Hidraqua, Universidad Miguel Hernández de Elche, Fundación Pascual Ros Aguilar, Fundación Juan Peran Pikolinos, Ibidem Law & Strategy, ilustre Colegio de Abogados de
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